Venezuela en Ginebra. Atentos a los expertos de la ONU y a quien les informa

En el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano aparece en español e inglés un comunicado que estigmatiza la falta de fundamento y la ausencia de imparcialidad de un informe sobre la situación en Venezuela, difundido por la Oficina del Alto Comisario para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), que tiene asiento en Ginebra (para saber más sobre esta Oficina y sobre el Alto Comisario, además del Consejo de la ONU para los Derechos Humanos, lea aquí: http://www.unric.org/it/attualita/10682).

Al final de estas líneas la traducción al italiano del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Esto último hace notar que “la amplia documentación presentada por Venezuela  a propósito de las feroces acciones violentas de la oposición (con la connivencia de los relativos líderes) ha sido ignorada por la Oficina del Alto Comisario, el que ha preferido presentar un documento infundado y parcializado, “todavía inconcluso”. Además, la Oficina del Alto Comisario no tiene mandato para redactar informes sobre un país si no se lo pide el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en el que toman parte por turno 47 estados miembros de la Naciones Unidas). La cancillería explica que la OHCHR “difunde como un informe de la ONU sobre Venezuela una serie de entrevistas conducidas por presuntos expertos”.

En efecto, de la nota publicada el 8 de agosto por OHCHR) y de la del UN News Center — Centro de Noticias de la ONU — resulta que el informe sobre Venezuela es fruto de “135 entrevistas a distancia, hechas entre el 6 de junio y el 31 de julio por un equipo de expertos en derechos humanos que han escuchado a víctimas, a sus familias, a testigos; organizaciones de la sociedad civil, periodistas, juristas, socorristas y a la oficina de la procuradora general”. La procuradora general era Luisa Ortega, alineada con la oposición.

¿Y sobre la base de cuál metodología fueron elegidos los entrevistados? ¿De qué forma se verificaron sus denuncias a distancia sobre “el excesivo uso de la fuerza en las manifestaciones por parte de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y de las fuerzas de policía locales”, o la tortura contra los arrestados? ¿Y sobre qué base “el análisis del equipo de expertos” concluyó que “de las 124 personas muertas durante las manifestaciones, las fuerzas de policía serían responsables de 46 y los “grupos” armados que apoyan al gobierno habrían matado a 27 personas? ¿Luego no se identifican los responsables de las otras víctimas”? No es dado saberlo.

Viene a la mente que preguntas similares, multiplicadas por cien, se podrían hacer a otro “grupo de búsqueda” que opera en el seno de la OHCHR: la Comisión de Investigación (COI) sobre la guerra en Siria, que cada tres meses aproximadamente produce un informe de fuentes oscuras, lleno de noticias infundadas y parcializado, y lo somete al voto de los países miembros pro tempore del Consejo de Derechos Humanos.

En general, los países miembros de la alianza Alba y en particular Cuba y Venezuela, cuando les corresponde ser miembros del Consejo, no se dejan engañar por estos informes. El proyecto Verdad Contra las Guerras ha difundido más veces a través de www.sibialiria.org (por ejemplo aquí: y aquí críticas referidas a los informes de la COI sobre Siria, un verdadera ayuda que al final legitimaba la asistencia armada, financiera y diplomática a los grupos armados de la oposición.

Recordemos que también Libia en 2011 fue condenada a muerte desde los primeros días del mes de marzo por el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, el que por mayoría pidió a la Asamblea General de la ONU suspender a Libia del Consejo mismo (la Jamahiriya era parte aquel año). Todo sucedió gracias a una triangulación con la llamada “sociedad civil”. Sin pruebas, miembros de la oposición libia, entre ellos la Liga por los Derechos Humanos, acusaron al gobierno de Gheddafi de haber matado en pocos días con sus “mercenarios” a al menos 6 000 civiles, incluso con bombardeos aéreos. La Liga Libia para los Derechos Humanos logró obtener muy pronto el asenso de 70 ONG internacionales a una petición para expulsar a Libia del Consejo. Dicho y hecho. Después los protagonistas admitieron haber inventado todo en cuanto a los crímenes imputados al gobierno libio. Entre tanto, ya la OTAN se había ido y el destino del país estaba marcado.

También en aquella situación Cuba de distanció del seno del Consejo (del que por entonces Venezuela, Nicaragua y Bolivia no eran miembros). Y Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua criticaron (en vano) la decisión en la sede de la Asamblea de la ONU.

Sentían el olor a guerra y no se equivocaron.

 

Marinella Correggia

Traduzione Yenia SIlva Correa. 

 

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